La recuperación de la centralidad del Estado en su capacidad regulatoria, distributiva y en la provisión de bienes y servicios públicos ha interpelado al sistema científico y a la Universidad Pública. La Universidad se ha visto obligada a repensar las históricas misiones de docencia, investigación y extensión en el marco de una agenda de reformas políticas y sociales orientadas a la generación de un proceso de desarrollo con equidad.