La Constitución Política de 1991 elevó a rango constitucional los mecanismos de participación ciudadana. Por primera vez en Colombia, el 27 de agosto de 1995 –en Aguachica, la segunda ciudad del departamento del Cesar, a través de uno de estos mecanismos (la consulta popular [CP])–, se otorgó al ciudadano el derecho a ser convocado para pronunciarse sobre un asunto, hasta ese momento reservado al Gobierno nacional, el derecho fundamental a la paz.