1. La Carta Social Europea revisada (CSEr) (y su garantía de reclamaciones cuasi jurisdiccionales colectivas) no es una fuente internacional más, en un sistema multinivel de protección efectiva de los derechos sociales y laborales, además, y sobre todo, está llamada a incitar una genuina revolución jurídico-cultural. 2020, además del año más duro de la pandemia de COVID-19, fue también el año conmemorativo del 40 aniversario de la ratificación por España de la CSE originaria (Turín, 1961).

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... s nadie, ni institución pública ni entidad, reparó en ello. Cuando en, el ya lejano, 1986 el Gobierno y el Parlamento españoles sí conmemoraban el 25 aniversario de aquella, uno de sus mayores valedores, mi maestro, el profesor Vida Soria, primer miembro y presidente español del entonces (1984-1996) Comité de Expertos Independientes (CEI) de la CSE (máximo órgano de garantías de cumplimiento), auguraba la apertura de un nuevo tiempo para los derechos sociales y laborales, una suerte de «revolución jurídico-social». Y ello sería así porque implicaba un modelo de política sociolaboral coherente, completo y propio tanto de momentos de estabilidad (normalidad) como de crisis (excepcionalidad).