Desde la Ley Sáenz Peña se constituyó un significativo avance civil en la construcción de la democracia representativa diseñada en nuestra constitución histórica, la reforma constitucional de 1994, la más importante y extensa de nuestra historia fue también una reforma política trascendental en dirección a una democracia participativa, cuyas consecuencias se reflejan en una mayor equidad en los procesos electorales. Al implementar el carácter universal del sufragio, la Ley Nº 8.871 inspiró

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... normas que extendieron la composición del cuerpo electoral (Ac. CNE[2] 23/12), como ocurrió con la participación de la mujer a partir de la incorporación del voto femenino en las elecciones de 1951 (Ley Nº 13.010); el voto de los argentinos residentes en el exterior (Ley Nº 24.007), el voto de los detenidos sin condena (Ley Nº 25.858); y el voto de los jóvenes a partir de los 16 años (Ley Nº 26.774), entre otras acciones menos relevantes o visibles tendentes también a suprimir las barreras jurídicas y fácticas para continuar expandiendo –dentro de lo previsto por nuestra Constitución Nacional– la participación electoral (Ac. CNE 54/13). Actualmente estamos en presencia de un profuso desarrollo del derecho de participación política, que supone una concepción amplia acerca de la democracia representativa que, como tal, descansa en la soberanía del pueblo.