Resulta innegable la importancia del trato igualitario que debe ser brindado a los ciudadanos y la predictibilidad de la Administración Pública al resolver sus controversias o solicitudes. En el referido contexto, el precedente administrativo resulta una herramienta importante para la consecución de los referidos fines, permitiendo que la actuación de las Administraciones Públicas brinde seguridad jurídica y se eviten situaciones de arbitrariedad.