La expresa creación legislativa de una nueva causal de anulación de laudo para aquellos emitidos dentro de arbitrajes derivados de contratos celebrados con las entidades del Estado dentro de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, nos obliga a reflexionar respecto de la acción de anulación de laudo. Sin ingresar a mayor desarrollo conceptual, bien podemos admitir sin reserva la expresión que Hinojoza establece al respecto, según el contenido de la exposición de motivos de la Ley de

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... Arbitraje Española, en torno a que "...el convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela judicial (...). Por ello, se regula un recurso de anulación del laudo a fin de garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la ley...", a efectos de garantizar, el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva 1. Sin embargo, las causales de anulación, como se ha entendido de modo permanente, no son abiertas sino estrictamente restringidas a determinados supuestos que el legislador ha establecido de modo previo y en función de elementos suficientes que permitan, precisamente, que la decisión arbitral haya sido efectuado en función de los alcances del convenio, que a la postre es la expresión de la voluntad de las partes, y con sujeción a los criterios de debido proceso que por excelencia constituye el ejercicio real de una defensa efectiva. Esto es, como señala incluso la propia Ley de Arbitraje, numeral 1 del artículo 62, el recurso de anulación "tiene por objeto la revisión de su validez". Esta última afirmación respecto de la validez incluso se extiende a la defensa de los derechos constitucionales que pudieran haber sido afectados por la decisión arbitral, tal como lo expresa el Tribunal Constitucional, "Este Colegiado estima que en tanto es posible que mediante el recurso de anulación de laudo resulte procedente revertir los efectos del pronunciamiento arbitral en los casos en los que éste involucre la afectación de derechos constitucionales, su naturaleza no es la de una vía previa, es decir la de una instancia anterior al proceso