Más pronto que tarde, el año 2017 conocerá una nueva reforma laboral. Son numerosas las razones que así lo evidencian –proposiciones de ley tramitadas en el Parlamento, proyectos de reforma a partir de informes elaborados por «comisiones de sabios», a fin de adaptarse a importantes «seísmos jurisprudenciales»; novedades jurisprudenciales–. Pero, mientras llega, el Gobierno, por vías estrictamente reglamentarias o mediante normas propias con valor de ley, incluso por omisión (no reproduce la

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... ensión de la ampliación del permiso de paternidad, tantas veces prevista en las sucesivas leyes de presupuestos generales), ha reactivado el «proceso productivo» de normas sociales y laborales. Las páginas del BOE nos ofrecen un significativo puñado de novedades que, además de su relevancia intrínseca, aparecen como auténticas «antesalas», a pequeña escala, de las más profundas y extensas que se anuncian en esa auspiciada «nueva gran reforma laboral». Eso sí, aunque el Gobierno, y a menudo la propia Opinión Pública, las ha recibido como «importantes mejoras sociales y laborales» (aumento del salario mínimo interprofesional; aumento del permiso de paternidad; reactivación de las políticas de empleo juvenil, etc.), un estudio más detenido de su «texto» evidencia una «letra pequeña» en todas ellas en las que se diluye esa «alma social», real o pretendida, que parecía exhibirse, y emerge el «alma económica» de toda norma laboral, que pretendía quedar oculta o silenciada.