Adecuación de la Jurisdicción Penal Militar Chilena de Tiempo de Paz a los Estándares Internacionales de Derechos Humanos

Jorge Mera Figueroa
2011 Anuario de Derechos Humanos  
205 Este comentario, junto a los documentos que analiza, está disponible en www.anuariocdh.uchile.cl La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia del día 22 de noviembre de 2005 recaída en el caso Palamara Iribarne c. Chile, dispuso que "[e]l Estado debe adecuar, en un plazo razonable, el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar, de forma tal que en el caso de que considere necesaria la existencia de una jurisdicción penal
more » ... urisdicción penal militar, ésta debe limitarse solamente al conocimiento de delitos de función cometidos por militares en servicio activo. Por lo tanto, el Estado debe establecer, a través de su legislación, límites a la competencia material y personal de los tribunales militares, de forma tal que en ninguna circunstancia un civil se vea sometido a la jurisdicción de los tribunales penales militares, en los términos de los párrafos 256 y 257 de la presente Sentencia" (XIII, Puntos resolutivos, 14). En el párrafo 257 citado se establece que "en el ámbito de la jurisdicción penal militar, los miembros de los tribunales deben revestir las garantías de competencia, imparcialidad e independencia indicadas en los párrafos 120 a 161 de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado debe garantizar el debido proceso en la jurisdicción penal militar y la protección judicial respecto de las actuaciones de las autoridades militares, tal como se ha señalado en los párrafos 162 a 189 de este fallo". El fallo de la Corte, en concordancia con la reciente doctrina nacional sobre la materia 1 , identifica claramente las graves falencias que presenta nuestra justicia militar desde la perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que pueden resumirse de la siguiente manera: (a) ámbito desmedido de la competencia de los tribunales militares que permite el juzgamiento de civiles y militares por delitos comunes, en circunstancias de que debiera limitarse exclusivamente al conocimiento de los delitos propiamente castrenses cometidos por militares; (b) estructura y organización de los tribunales militares que compromete el derecho de los imputados a ser juzgados por un tribunal independiente 2 e imparcial 3 ; y, (c) procedimiento escrito, de carácter inquisitivo, estructuralmente contrario a las garantías del debido proceso 4 . * Profesor de Derecho Penal. Miembro del Centro de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad Diego Portales. 1 Ver, entre otros, "Justicia Militar y Estado de Derecho", Jorge Mera (editor), en Cuadernos de Análisis Jurídico, serie Seminarios, Nº 40, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, 1998. 2 La falta de independencia de los tribunales militares chilenos ha sido observada desde antiguo. En su discurso de inauguración del año judicial 1989, el Presidente de la Corte Suprema denunciaba que "los principios fundamentales que deben regir la organización de los tribunales de justicia (...) tienen una muy precaria vigencia en los tribunales castrenses. En efecto, siendo sus magistrados personal de las Fuerzas Armadas, los que de partida están sometidos a reglamentos de disciplina muy importantes, desaparece la garantía de la inamovilidad, la que es básica y fundamental en relación con la independencia del juez". 3 El derecho del imputado a ser juzgado por un tribunal imparcial resulta infringido doblemente en nuestro sistema de administración de justicia militar, puesto que: (1) los tribunales militares tienen competencia para conocer de delitos cometidos por civiles en contra de bienes jurídicos de carácter castrense o de miembros, unidades o reparticiones de las FF.AA. o de Carabineros, y; (2) son competentes para conocer de los delitos comunes perpetrados por militares o carabineros en contra de los civiles cometidos por militares o carabineros en acto del servicio militar o en recintos militares o policiales. 4 La reforma estructural del procedimiento penal, de corte acusatorio y que entró en vigencia gradualmente a partir de diciembre de 2000, dejó incólume el procedimiento penal militar de carácter inquisitivo.
doi:10.5354/0718-2058.2008.13659 fatcat:rhob4fmyvvcvjfknkbxp5qsd2e