RAZONABILIDAD O RETICENCIA ESPAÑOLA ANTE LA RATIFICACIÓN CARTA SOCIAL EUROPEA REVISADA DE 1996

Cecilia Pitt Martínez
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Articulo recibido el día 11.07.2011 Articulo aceptado el día 22.07.2011 El art. 1.1 de la Constitución Española (en adelante, CE) proclama a España como Estado social y democrático de Derecho 260 . De igual modo pueden encontrarse distintas cláusulas y principios que vienen a enunciar los derechos de carácter social así como la obligación de los poderes públicos para con ellos que deben relacionarse con el precepto citado. Hablamos de la previsión contenida en el art. 9.2 CE 261 ;; así como en
more » ... 261 ;; así como en el capítulo III del Título I, el cual contiene los Principios Rectores de la política social y económica. En concreto, podemos mencionar diversos preceptos como el art. 27 CE, especialmente en sus apartados 3, 5, 8 y 9 relativo a la responsabilidad de los poderes públicos en cuanto al derecho a la educación 262 ;; el apartado 1 del art. 39 CE que enuncia el principio constitucional relativo a la familia 263 ;; en el art. 40 CE en su apartado 1 define la dimensión social del Estado 264 y en el segundo, el 260 Art. 1.1 Constitución Española "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político". 261 En el art. 9.2 de la Constitución Española se prevé la responsabilidad de los poderes públicos a "promover las condiciones las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social". 262 El art. 27.3 CE responsabiliza a los poderes públicos de la garantía del derecho "que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones", así como, en el apartado. 5 de garantizar "el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes". Igualmente en el apartado 8 " los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes" y finalmente en el apartado 9 del mismo precepto "...ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la Ley establezca" 263 Art. 39.
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