Jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia de México en 2016

Alfonso Herrera García
2018 Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional  
Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 22, pp. 315-335 I. INTRODUCCIÓN La finalidad de este texto es ofrecer un recuento jurisprudencial de los principales criterios que en materia constitucional ha emitido la Suprema Corte de Justicia de México durante 2016. Esta tarea persigue dar continuidad a los reportes que tradicionalmente se han publicado, año a año, en este Anuario. Como en anteriores ocasiones, la narrativa de los criterios que aquí se presenta prescinde deliberadamente de
more » ... deliberadamente de posicionamientos críticos, por más que algunos de ellos -como es ordinario en el derecho constitucional-no se compartan. En algunos casos, sin mayor ánimo que el de apuntar mayores referencias para la deliberación, se hacen remisiones a otras fuentes de análisis. Esta crónica se desdobla básicamente en tres grandes subapartados: el proceso constitucional de amparo, los derechos fundamentales y el régimen de los poderes públicos. Cabe hacer notar que, derivado de un cierto grado de maduración en la litigiosidad que se desenvuelve en los tribunales de la Federación, y en las dinámicas interpretativa de los mismos, fundamentalmente a partir de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, los derechos fundamentales han sido, por otro año consecutivo, la materia más pujante en la jurisprudencia constitucional mexicana durante 2016. II. PROCESO CONSTITUCIONAL DE AMPARO OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE AMPARO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS El juicio de amparo es el proceso que la Constitución destina para la tutela jurisdiccional de los derechos humanos (así denominados desde la reforma constitucional del 10 de junio de 2011) 2 . En la contradicción de tesis 58/2015, se formulaba la pregunta acerca de cuál debía ser el papel de los tribunales de amparo de cara a las obligaciones previstas en el párrafo tercero del art. 1.º constitucional. Esta disposición establece: «Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos». 2 Desde luego, el paso de la denominación «garantías individuales» a «derechos humanos» dista mucho de reducirse a una modificación meramente nominal; al respecto, véanse Carpizo (2011) y Medellín y Fierro (2015).
doi:10.18042/cepc/aijc.22.11 fatcat:5zy4yhp3ija75l3d2fd3y2inru