Inconstitucionalidad de los Indultos por Crímenes de Lesa Humanidad. Comentarios al Fallo "Riveros"

Jorge Pan, Gianella Bardazano, Diego Camaño Viera
2011 Anuario de Derechos Humanos  
El 13 de julio de 2007 la Corte Suprema de la República Argentina declaró la inconstitucionalidad del Decreto 1002/89 dictado por el ex Presidente Menem, mediante el cual se indultó -entre muchos otros-a Santiago Riveros por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad. Como consecuencia del indulto a comienzos de los 90, la justicia argentina había sobreseído a Riveros e incluso la Cámara Federal de San Martín se había pronunciado por la constitucionalidad del mismo Decreto 1002/89.
more » ... mo Decreto 1002/89. ¿Cómo es posible que ahora, quince años después, la Corte Suprema habilite la reapertura de la causa, mediante la declaración de inconstitucionalidad del mismo Decreto que había indultado al imputado? Esta es la pregunta medular que debe responderse. Dada la extensión y variedad de argumentos utilizados por la sentencia (sobre todo en las disidencias de los Ministros Fayt y Argibay), presentaremos una síntesis de los principales fundamentos, así como de las cuestiones jurídicas que consideramos más problemáticas. Teniendo en cuenta la extensión del trabajo, resulta imposible agotar los debates jurídicos que una sentencia de esta naturaleza plantea. Por eso, simplemente plantearemos algunos de los puntos álgidos, a modo de invitación para un debate más amplio. i. el contexto del fallo La sentencia de la Corte Suprema en este caso no es un acto aislado, sino que se inscribe en una serie de decisiones jurisdiccionales de distintas instancias que apuntan en la misma dirección: derribar cualquier obstáculo jurídico de derecho interno que impida el juzgamiento de crímenes internacionales cometidos durante la dictadura. Esto se obtuvo, en un primer momento, declarando la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y ahora, haciendo lo propio con los indultos presidenciales. De los múltiples pronunciamientos en procesos penales y pedidos de extradición que transitan el mismo camino, cabe destacar la sentencia del 14 de julio de 2005 de la Corte Suprema, mediante la cual declaró inconstitucionales las leyes de obediencia debida y punto final en la causa contra Julio Héctor Simón. Dicho fallo además ratificó lo dispuesto por la ley 25.779 que en 2003 había anulado las referidas leyes, que impedían la persecución penal por estos hechos 1 .
doi:10.5354/0718-2058.2008.13493 fatcat:6ihbeftohngytkp3acojwnpkt4