Antes de ahondar en el papel que desempeñan los intérpretes para los servicios públicos en contexto judicial me gustaría hacer algunas precisiones: Hay que distinguir la presencia de intérpretes en procedimientos civiles que son propuestos a instancia de parte es decir nombrados por el juez y cuyos honorarios corren a cargo de las partes implicadas en el proceso judicial; y la presencia de intérpretes en procedimientos penales, que son propuestos y nombrados por la Administración de Justicia, y

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... cuyos honorarios corren a cargo de la Administración. Casi todos los estudios realizados sobre la interpretación judicial centran su atención en la jurisdicción penal, por ser la Administración de Justicia la encargada de gestionar y proveer de intérpretes para facilitar la comunicación entre las partes en procesos judiciales en los que el justiciable es extranjero y por tanto desconoce la lengua española. Así pues existen fundamentalmente dos sistemas de provisión de servicios de intérpretes en los tribunales. El primero de ellos es el llamado intérpretes fijos o de plantilla, contratados