La Constitución Española, establece el precepto de que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, pero en estos momentos en mi país, más de un ciudadano se puede estar haciendo estas preguntas: ¿estarán los poderes públicos promoviendo las condiciones necesarias y estableciendo las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna? ¿se estará regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la

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... n? El texto solo pretende evidenciar las consecuencias que para un gobierno le puede significar determinadas formas de hacer políticas económicas, por otra parte muy necesarias, pero que, si no vienen acompañadas de otros factores estabilizadores, pueden traer –en beneficio de otros sectores- importantes desequilibrios a la sociedad en aspectos básicos como el de alcanzar un techo digno bajo el que vivir. Consecuentemente, la necesidad de un equilibrio entre aspectos tan fundamentales como el fomento empresarial e impulso económico en relación con políticas sociales, deben venir definidas por las administraciones públicas a través de unos compromisos establecidos en una planificación temporal de protección para aquellas familias que por diversas circunstancias son excluidas del mercado de la vivienda. En esta línea, se recoge la experiencia de los planes de vivienda desarrollados en Andalucía, y el compromiso asumido en el nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007.