Con la conquista de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) se dio un sustantivo impulso al derecho ciudadano de acceder a la información en manos del Estado. Se trata de un derecho ciudadano y no de un favor del funcionario, de una legítima exigencia ciudadana y de una obligación del funcionario, de un instrumento del poder ciudadano frente a los poderes del Estado. Como bien dijo la sentencia de la Sala de lo Constitucional cuando decretó inconstitucional las reformas al reglamento

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... la LAIP, promovidas por la anterior Casa Presidencial (que pretendía adulterar y neutralizar los buenos contenidos de dicha ley): "Toda persona, como integrante de la Comunidad titular del poder soberano, tiene el derecho a conocer la manera en la que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan y de ello deriva el derecho de acceso a la información. Además, la información pertenece a las personas, no es propiedad del Estado y el acceso a ella no se debe a la gracia o favor del gobierno".