¿EXISTE UN DERECHO PÚBLICO EUROPEO? UNA PREGUNTA RETÓRICA

Mario Chiti, Mario Chiti
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Amministrative". Artículo recibido el 6.07.2010. Evaluación ciega: 12.07.2010. Fecha de aceptación de la versión final: 20.07.2010. 2 | M. P. Chiti Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010 1. La expresión «derecho público europeo» figura, ya desde hace largo tiempo, en la cultura jurídica de nuestro continente. Antes de la traumática experiencia napoleónica, por derecho público europeo se entendía normalmente el conjunto de reglas, instituciones y valores referidos a los poderes públicos,
more » ... s poderes públicos, comunes a los mayores ordenamientos europeos, es decir, la variante publicista del jus commune de origen medieval 1 . En este contexto, la expresión no tenía solamente un significado heurístico, sino también jurídico dado que, hasta la completa afirmación de la forma jurídica del Estado, la permeabilidad de los diferentes ordenamientos jurídicos permitía a los jueces nacionales decidir subsidiariamente respecto de su propio ordenamiento según instituciones y valores considerados como parte integrante del patrimonio común no excluidos por los juria propria 2 . El derecho público participaba, de este modo, en la tendencia hacia la unidad de los ordenamientos jurídicos, favorecida por la memoria del imperio universal y por la existencia de una iglesia cristiana ecuménica 3 . La expresión permaneció también a lo largo de los siglos diecinueve y veinte, en el pleno apogeo de los Estados y los derechos nacionales, indicando un conjunto de principios referidos a la afirmación de la forma de gobierno parlamentario y a nociones complejas como «Estado de Derecho» 4 . La misma expresión (normalmente en la forma latina de jus publicum europaeum) fue utilizada en el derecho internacional del momento, refiriéndose a las reglas, de origen aún predominantemente europeo, para regular el espacio global (como los territorios coloniales y el mar). Uno de los mayores teóricos de estas teorías fue, tal como es sabido, Carl Schmitt en cuyo ensayo Der Nomos der Erde 5 , se captaba, con aguda lucidez, el inminente final de este sistema internacional eurocéntrico. 2. Las tradicionales acepciones de «derecho público europeo» no tienen mucho en común con el significado actual de la expresión, y actualmente forman ya parte de la historia jurídica e institucional. En el cuadro actual -cuyos inicios podemos situar en el período siguiente a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial-se detectan nuevos fenómenos, distintos entre sí pero con el resultado común de una Europa cada vez más integrada jurídicamente, especialmente en la vertiente del derecho público. Se producen tres fenómenos de especial importancia. El primero es la convergencia entre los ordenamientos jurídicos. Se trata de un fenómeno generalizado aunque en Europa asume una mayor evidencia debido a la «familiaridad» inicial de los principales sistemas 6 , aun con las especificidades de las respectivas 1 Sobre el jus commune y sus muchas variantes: P. Grossi, L'ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 1995, 223 y ss.; Id., L'Europa del diritto, Roma-Bari, 2007, 48 y ss., 170 y ss. 2 G. Gorla, Il ricorso alla legge di un «luogo più vicino» nell'ambito del diritto comune europeo, en Diritto comparato e diritto comune europeo, Milán, 1981, 619. Véase también, del mismo maestro del Derecho Comparado: Prolegomeni ad una storia del diritto comune europeo, ibibem, 267. 3 Así, A. M. Hespanha, Introduzione alla storia del diritto europeo, Bolonia, 1999, 98. 4 Una buena síntesis de esta compleja noción en Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, coordinado por P. Costa-D. Zolo, Milán, 2002. Sobre la noción británica de Rule of Law, similar pero no idéntica, T. Bingham, The Rule of Law, London, 2010; se desprende constantemente de ello la evolución, en el ordenamiento británico, en las varias ediciones de The Changing Constitution, coordinado por J. Jowell-D. Oliver, primera edición Oxford, 1985, 3 y ss. 5 Publicado póstumamente en Alemania en 1974; en Italia en 1991 (Il Nomos della terra, nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum», coordinado por E. Castrucci y F. Volpi). 6 T. Koopmans, «The Birth of European Law at the Crossroad of Legal Traditions», en Am. Journ. Comp. Law, 1991, 493. ¿Existe un derecho público europeo? Una pregunta retórica | 3 Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010 historias. El segundo fenómeno es la presencia en nuestro continente de organizaciones internacionales «regionales» especialmente activas para el desarrollo del derecho público (piénsese en el Consejo de Europa, para los derechos fundamentales; y en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, para la resolución de conflictos). El tercero, y más relevante fenómeno, es la peculiar experiencia de la integración europea, iniciada con los Tratados CECA y Comunidad Económica Europea y desarrollada con el Tratado sobre la Unión Europea que ahora ha desembocado en el Tratado de Lisboa 7 . 3. El fenómeno de la convergencia determina la atenuación de las principales diferencias entre instituciones jurídicas y la consiguiente evolución hacia soluciones comunes: no afecta únicamente a problemas concretos sino también a los ordenamientos en su conjunto 8 . La convergencia ha minado la tradicional contraposición entre «familias jurídicas»; en especial, la dicotomía common law-civil law (o derecho continental europeo). Tal como ya se ha dicho, la convergencia jurídica es un fenómeno de tipo general, pero, en Europa es más evidente que en otros lugares porque las cuestiones esenciales a regular han ido resultando similares en los diferentes Países. Así, las respuestas de los ordenamientos se han amalgamado hacia el coincidente efecto de un creciente conocimiento recíproco, hacia imitaciones positivas de regulaciones e instituciones jurídicas, hacia el transplante de reglas de un ordenamiento a otro 9 . Aunque la convergencia jurídica en Europa se vea reforzada por el contexto institucional de la Unión, el fenómeno expresa bien, de forma independiente, la situación de progresiva «desnacionalización» del derecho público 10 . Son expresión de ello la época de las Constituciones democráticas posteriores a la guerra y tras el final de los estados totalitarios, la valorización de los derechos fundamentales y la plena tutela de los derechos, ya sea mediante las formas jurisdiccionales tradicionales, con instrumentos alternativos, o a través del procedimiento administrativo. Los efectos de la convergencia entre ordenamientos son especialmente evidentes en el ordenamiento británico -es decir, el ordenamiento originario del common law-donde la normativa de los últimos decenios ha puesto fin, formalmente, a la unidad del derecho reconociendo el gran sector del public law 11 . El fenómeno ha implicado tanto el derecho constitucional como el derecho administrativo, que consolidó rápidamente tras la posguerra superando el anatema de Dicey 12 . Hoy por hoy, el derecho administrativo británico, rico en soluciones 7 Estos temas han sido analizados en mi Mutazioni del diritto pubblico nello spazio giuridico europeo, Bolonia, 2002. 8 A. Pizzorusso, Sistemi giuridici comparati, Milán, 1995, 341 y ss.; R. David-C. Jauffret Spinosi, I grandi sistemi giuridici contemporanei, Padua, 2004, 16 y ss. 9 A. Gambaro-R. Sacco, Sistemi giuridici comparati, Turín, 1996, 41 y ss. 10 M. P. Chiti, «Diritto amministrativo comparato», en Dig. Disc. Pubbl., V, 1990, 206; S. Cassese, «Lo studio comparato del diritto administrativo», in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1995, 251; G. Napolitano, I grandi sistemi del diritto amministrativo, in Diritto amministrativo comparato, coordinado por el mismo, Milán, 2007, en concreto 24 y ss.; G. della Cananea, Al di là dei confini statuali, Bolonia, 2007. 11 Me remito de forma sintética a mi reciente artículo «I «nuovi poteri» nel common law. La prospettiva del diritto administrativo», a Diritto pubblico, 2009, 339. El tema está, obviamente, muy tratado, para una síntesis eficaz: S. Cassese, «Le trasformazioni del diritto amministrativo dal XIX al XXI secolo», a Riv. Trim. Dir. Pubbl, 2002, 27. Para la discusión británica baste con remitirnos a J.W Alison, A Continental Distinction in the Common Law, Oxford, 1996; M. Loughlin, The Idea of Public Law, Oxford, 2003. Más antiguo pero aún esclarecedor resulta: D.B. Mitchell, «The Causes and the Effects of the Absece of a System of Public Law in the UK», en Public Law, 1965, 113. 12 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, London, 1885, y trad. italiana de 2003. Principal exponente de la justa oposición a Dicey ha sido, recientemente, S. Cassese, del que cabe citar el que es el estudio más importante en la materia: «Albert Venn Dicey e il diritto administrativo», en Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XIX, Milán, 1990, 5. 4 | M. P. Chiti Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010 originales que combinan influencias continentales 13 y tradiciones locales, se desarrolla tanto sobre la vertiente del derecho sustantivo (servicios públicos, contratos, urbanismo, etc.) como sobre el judicial review of administrative action, que se ha convertido en un verdadero sistema de justicia administrativa especializada 14 . La convergencia jurídica ha recibido muchas críticas. Se ha hablado de nostalgia por el antiguo jus commune; se la ha considerado, despectivamente, como una mera quimera, habida cuenta de la insuperable diversidad de los sistemas jurídicos; se ha hablado de modestas veleidades que pueden conducir únicamente a coincidencias externas entre los sistemas 15 . Las críticas son injustas en tanto que invierten la función de las soluciones jurídicas respecto de los datos esenciales, obviando, de este modo, la progresiva identidad de las cuestiones que el derecho debe, en todo caso, regular. Además, hoy más que nunca, existe una verdadera circulación de estudios y trabajos de investigación que facilita la realización de soluciones similares, si no incluso idénticas. Baste pensar en la organización de la administración pública, en la regulación de las finanzas públicas o en las formas de tutela de los derechos e intereses. 4. El segundo fenómeno viene dado por la presencia en Europa de varias organizaciones regionales de carácter internacional -como la EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio), la OSCE y, especialmente, el Consejo de Europa-competentes sobre importantes cuestiones de derecho público. El derecho que tales organizaciones promueven o que directamente producen -como la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos-tiene una relevancia notable para los Estados europeos y la propia Unión Europea. El caso más conocido es el del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), que precedió (en 1950) al proceso de integración comunitaria. El CEDH ha representado, durante largo tiempo, el único punto de referencia efectivo para la garantía de los derechos tanto de los Estados no miembros de la Unión como de los miembros de la misma, algunos de los cuales -como el Reino Unido-no disponen de una constitución ni de un catálogo formal de los derechos fundamentales 16 , otros, en cambio, poseen constituciones no siempre compatibles con el CEDH. Ésta se ha configurado como una referencia también para la Unión, dado que la Carta de Niza (la Carta de los derechos fundamentales) fue aprobada en 2000, deviniendo jurídicamente vinculante sólo con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 17 . Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010 Unión. La tesis del carácter original del ordenamiento comunitario se ha afianzado sólidamente en la posterior jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y constituye, desde hace tiempo, jus receptum. Por consiguiente, se han definido principios jurídicos, sin precedentes en otros sistemas jurídicos 21 , como la primacía del derecho comunitario sobre el derecho de los Estados miembros, la eficacia directa de las normas comunitarias, con ciertas condiciones, la obligación, de los órganos nacionales de interpretar el derecho nacional de conformidad con el derecho comunitario, la obligación para los mismos sujetos de no aplicar el derecho nacional cuando contradiga al derecho comunitario. En su conjunto, los nuevos principios elaborados por el Tribunal de Justicia explican en qué consiste jurídicamente el peculiar diseño del sistema de la Unión Europea como ordenamiento «supranacional» que constituye una tercera tipología respecto de los ordenamientos nacionales y el ordenamiento internacional: existen órganos propios de la Unión, destinados a garantizar el interés de aquel ordenamiento en tanto que autónomo respecto al resto, que han pasado a ejercer de relevantes funciones ya realizadas por los Estados: existe un sistema autónomo de fuentes del derecho y un aparato judicial para hacerlo efectivo. La duplicidad de niveles institucionales, el comunitario y el referido a los Estados, dentro de un ordenamiento «monista» (principal diferencia con el ordenamiento internacional, que mantiene con los Estados una separación «dualista»), determina el complejo significado que, en este contexto, asume la expresión «derecho público europeo» como conjunto formado por el derecho que regula la organización y el funcionamiento de la Unión 22 , el derecho de los Estados miembros en tanto que influenciado por el derecho de la Unión y, a su vez, influyente sobre aquél, y el nuevo derecho de la integración, es decir, común a ambos órdenes. La expresión es pues una síntesis verbal de un derecho de origen diferente, recompuesto como una pluralidad ordenada dentro del contexto de la Unión y dotado de una fuerza jurídica y un valor definidos. A la pregunta expresada por el título de este estudio es pues necesario ofrecer una respuesta positiva. Existe un derecho público europeo, con características peculiares que ahora nos disponemos a analizar. 6. Las características del derecho de la Unión Europea estaban ya bien definidas antes del Tratado de Lisboa, pero, con la entrada en vigor del mismo, se ha aclarado de mejor forma el cuadro constitucional y se han realizado progresos en la parte de la administración pública y de su derecho 23 . En el sentido opuesto, no se pone de manifiesto que con el último Tratado se haya abandonado la «forma constitucional» del segundo Tratado de Roma (2004) y que no hayan sido confirmadas otras importantes innovaciones que en él se prevén (la «ley europea», la expresa afirmación de la primacía del derecho de la Unión 20 G. Gaja-A. Adinolfi, Introduzione al diritto dell'Unione europea, Roma-Bari, 2010, 3 y ss. 21 A. Massera, «I principi generali», in Trattato di diritto amministrativo europeo, dirigido por M. P. Chiti y G. Greco, Milán, 2007, Parte general, I, 285, y ss. 22 Erróneamente, gran parte de los estudios concentran su atención solamente sobre el derecho de la Unión; sigue esta línea el, a pesar de ello, interesante volumen de D. Chalmers-A. Tomkins, European Union Public Law, Cambridge, 2007. 23 Una eficaz síntesis sobre las virtudes del Tratado en Le nuove istituzioni europee. Commento al Trattato di Lisbona, coordinado por F. Bassanini-G. Tiberi, Bologna, 2010. ¿Existe un derecho público europeo? Una pregunta retórica | 7 Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010 sobre el derecho de los Estados miembros, etc.) 24 . Efectivamente, basta considerar que: a) la arquitectura institucional ha sido adecuadamente organizada con ambos Tratados (UE y TFUE, el primero de carácter genuinamente constitucional), completados con el especial Bill of Rights europeo representado por la Carta de Niza; b) los procedimientos normativos han sido definidos con mayor precisión y, finalmente, se ha precisado la distinción entre función normativa y función administrativa; c) se ha afinado aún más el ya desarrollado sistema judicial europeo, organizando sus órganos, ampliando la legitimación para recurrir, asegurando en conjunto una tutela 25 judicial más eficaz. Incluso para el crucial principio de la primacía del derecho de la Uniónaparentemente redimensionado por el Tratado de Lisboa respecto del Tratado constitucional de 2004-la Declaración nº 29 subraya que el «principio está implícito en la naturaleza específica de la comunidad», de forma que la jurisprudencia del Tribunal tiene únicamente valor declarativo. Dicho brevemente, el Tratado de Lisboa no es un tratado menor 26 , fruto de las incertezas del último decenio sino un desarrollo significativo del proceso de integración europea, es decir, una etapa posterior -tal como se prevé en el preámbulo del nuevo TUE, que retoma cuanto ya contenía el homónimo Tratado anterioren el proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. A pesar de su importancia para las muchas reformas realizadas, el Tratado de Lisboa no es una meta, sino, tal como se ha dicho, otra importante etapa en un recorrido cuyo resultado está aún por definir. Un recorrido que, por supuesto, no podrá ser interrumpido por consideraciones restrictivas del posterior desarrollo del proceso de integraciones expresadas por el Tribunal constitucional alemán en la ya célebre Lissabon Urteil del año pasado 27 . 7. El Tratado de Lisboa no se ha limitado a organizar mejor el derecho constitucional de la Unión, la franja «alta» del derecho público europeo, sino que ha enriquecido también su franja «baja», es decir, el derecho administrativo. Es precisamente en este sentido en el que la evolución es especialmente significativa. Merece traer a colación tres de las principales novedades y ello también porque esta problemática no ha recibido, hasta la fecha, una adecuada atención 28 . La primera es la nueva formulación del principio de cooperación leal, ya previsto por el art. 10 TCE. Actualmente, la leal cooperación -que se ha convertido en un principio de referencia del Tratado de la Unión Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010 dio, por ejemplo, en el caso del principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad. Otra parte de los principios generales son el fruto de la jurisprudencia «selectiva» del Tribunal, entendiendo con ello la elección como principios generales de algunos principios que, en realidad, son propios solamente para algunos Estados, pero útiles para el pleno despliegue del derecho comunitario. Este es el caso del principio de proporcionalidad y del principio de la confianza legítima. En la fase más reciente, el Tribunal de justicia y el Tribunal de derechos humanos han empezado a elaborar principios jurídicos originales para el ordenamiento europeo, desarrollando parcialmente elementos existentes en los derechos nacionales. Es el caso del derecho de precaución, ya presente en formas diferentes en los derechos de los diferentes Estados pero que, en el sistema de la Unión, ha asumido un alcance general y más incisivo. También en esta fase, ciertamente innovadora, no se agota por tanto la capacidad de influencia de las culturas jurídicas nacionales. Lo mismo puede decirse de principios «menores» que constituyen también el esqueleto de partes importantes del derecho público europeo, como el procedimiento administrativo. Es el caso, por ejemplo, de la reglas sobre la retroactividad y revocación de los procedimientos administrativos, donde la referencia a los derechos nacionales ya ha sido asumida por la jurisprudencia referida al Tratado CECA (por ejemplo, con las sentencias Algera, en los procedimientos acumulados 7/56 y 3-7/57, y Fédération charboniere de Belgique/Alta Autorità, procedimiento 8/55). La segunda característica del derecho público europeo es que no se agota en la relación vertical UE-Estados miembros, sino que determina una apertura horizontal de los ordenamientos de los Estados miembros entre sí. El caso más conocido es el del mutuo reconocimiento, institución mediante la cual los Estados reconocen como propio el derecho que, en origen es propio únicamente de un determinado ordenamiento jurídico nacional 32 . La equivalencia funcional de las reglas jurídicas de otro Estado es una institución jurídica de origen comunitario que genera una nueva relación entre los ordenamientos de los Estados miembros. Por estos motivos se confirma que el derecho público europeo tiene características verdaderamente originales en común con los sistemas federales u otras formas de asociaciones de Estados. El ordenamiento jurídico que lo incluye es, a su vez, notablemente original y no resulta fácil definirlo mediante las categorías tradicionales. La expresión más utilizada al respecto es la acuñada por Weiler 33 de la Comunidad como ordenamiento «supranacional»; pero es válida solamente para la parte vertical de las relaciones UE-Estados miembros (denominada multi-level). Para las relaciones «horizontales» entre estados, ha irrumpido en la ciencia política la noción descriptivamente eficaz de «multi-layered» (multi-circular), que completa la anterior. 9. La ausencia, en el sistema de la Unión Europea, de un poder público similar al Estado y la aparente falta de una administración directa de la Comunidad han llevado a considerar, durante mucho tiempo, que el derecho público europeo se agota casi completamente en la parte constitucional y que no podía configurarse un derecho administrativo europeo. Esta interpretación era errónea, pero fue superada con un grave retraso, cuando los datos jurídicos relevantes ya demostraban explícitamente lo contrario. Al principio, existían, en todo caso, dos buenas razones 32 L. Torchia, Il governo delle differenze. Il principio di equivalenza nell'ordinamento europeo, Bolonia, 2005. 33 J. Weiler, Il sistema comunitario europeo, Bolonia, 1985. ¿Existe un derecho público europeo? Una pregunta retórica | 11 Revista catalana de dret públic, núm. 41, 2010 para afirmar la inexistencia del derecho administrativo europeo. Según la primera, la materia había surgido en el derecho europeo continental a principios del s. XIX, estrechamente vinculada a la plena afirmación del Estado nación, en cuyo único ámbito se creía que ésta podía hallar un desarrollo. La segunda razón es que la Comunidad había sido configurada como organización «ligera», es decir, que, por norma general, no opera directamente sino indirectamente, por medio de las administraciones nacionales. El tradicional estatalismo del derecho administrativo parecía no dejar espacio a semejante partición del derecho en contextos institucionales diferentes del Estado. Además, era una convicción generalmente aceptada que el derecho administrativo, más que cualquier otra rama del derecho, recogía los caracteres específicos de cada Estado. Por lo tanto, era visto como un derecho nacional, nacionalista a veces, considerado tan diferente de un país a otro que podría resultar incluso no comparable. Incluso en el pleno apogeo del derecho comparado, hace treinta años, el derecho administrativo era obviado por los comparatistas 34 . Nada podía ser más incorrecto desde el punto de vista científico, puesto que, desde la segunda mitad del s. XIX, se habían venido constituyendo organizaciones internacionales administrativas (usualmente definidas como Uniones administrativas) para satisfacer funciones e intereses ultraestatales, especialmente en los nuevos sectores tecnológicos (transportes, comunicaciones, telecomunicaciones, etc.) y en los primeros fenómenos de carácter global (trabajo, emigración, sanidad, etc.). Se considera, además, que las mayores innovaciones administrativas del siglo XX estaban claramente inspiradas por el conocimiento recíproco, como la respuesta a la gran crisis económica de los años treinta y las medidas para la recuperación económica implantadas tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Era errónea también la afirmación, ampliamente dominante, de que la Comunidad Europea no tenía una administración pública y un derecho administrativo. La CEE, y antes que ella la CECA, nacen, en realidad, con un fuerte carácter administrativo y estando destinadas a superar las resistencias respecto de una nueva organización para-federal con soberanía propia. Lo demuestran el léxico utilizado («Comisión», «medidas», «reglamentos», «directivas», etc.). No sorprende pues que los mejores especialistas de derecho administrativo de los años cincuenta hayan dedicado estudios reveladores a las nuevas Comunidades (en Italia, entre otros muchos, Benvenuti, Monaco y Sacchi Morsiani) así como en España, inmediatamente después de la adhesión a la Comunidad, hayan sido los especialistas en derecho administrativo (en primer lugar García de Enterría y su escuela) quienes hayan ofrecido la aportación más importante al estudio del nuevo derecho europeo. 35 . Tras una primera fase «administrativa», la atención de los juristas se dirigió a las características constitucionales del nuevo ordenamiento comunitario estimulada inexorablemente por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, en los años sesenta y setenta del siglo pasado, elaboró creativamente un ordenamiento de nueva planta. Pero en esta fase «constitucional» se olvidó que, en el nuevo sistema comunitario, el reconocimiento (con la citada sentencia Van Gend & Loos de 1963) de que también los ciudadanos de los 34 Es significativo que, en la investigación más importante de derecho comparado del momento (L'apporto della comparazione alla scienza giuridica, coordinada por R. Sacco, cit.), entre las grandes particiones del derecho examinadas desde la perspectiva comparatista faltase el derecho administrativo. 35 Estos hechos se examinan en M. P. Chiti, Diritto amministrativo europeo, cit., espec. 157 y ss. Merece ser recordado que, inmediatamente después del ingreso de España en la CEE, un estudio fundamental, en tres volúmenes, sobre el derecho comunitario fue propuesto por un grupo de académicos con presencia mayoritaria de especialistas en derecho administrativo. Pienso en el Tratado de derecho comunitario europeo. Estudio sistemático desde el derecho español, Madrid, 1986, dirigido por E. García de Enterría-J.D. González Campos-S. Muñoz Machado. La especial atención de los especialistas en derecho administrativo españoles sobre el derecho comunitario ha permanecido constante: entre las muchas aportaciones, cito solamente, como muestra, el volumen de estudios promovido por la Escola d'Administració Pública de Catalunya, El Desenvolupment del dret administratiu europeu, Barcelona, 1993; y, finalmente, E. Nieto Garrido-I. Martín Delgado, Derecho administrativo europeo en el Tratado de Lisboa, Madrid, 2010.
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