La huelga de casi 6.000 trabajadores de Chuquicamata a principios de enero generó pérdidas por USD 16 millones a la compañía estatal y un costo superior a los USD 170 millones. Esto es, por dar un ejemplo, el doble de lo que el gobierno ha destinado a subsidiar el empleo juvenil. Pero si algo beneficioso dejó el conflicto fue recodarnos la profunda anomalía de una minera estatal que, tras la bonanza de precios del cobre, oculta ineficiencias graves que se pagan con menor ingreso fiscal para financiar programas públicos. Continuar leyendo...